Es importante reflexionar sobre cómo un organismo de Estado ha incumplido la Constitución y las leyes, sin tener una sola consecuencia. Se trata del Congreso de la República que, por más de tres años, se ha negado sistemáticamente a elegir magistrados de las cortes Suprema de Justicia y de Apelaciones. Estamos ante el uso arbitrario del poder, pero también ante evidencias contundentes de la poca o nula funcionalidad de la división de poderes Guatemala, y de la urgente necesidad de recuperarla.

La Asociación Civil Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS) ha preparado un análisis sobre diversos escenarios que genera el inminente vencimiento del período constitucional 2019-2024 de las cortes de justicia, en un contexto convulso, sujeto a interpretaciones acomodaticias, arbitrarias, que buscan mantener controlado al poder judicial. La falta de voluntad de la mayoría de los diputados ha creado una situación de incumplimiento de una obligación constitucional -elegir magistrados-, la que se agrava por la desintegración de la CSJ, porque solo hay diez de trece magistrados; y así no podrá haber una adecuada conformación de la comisión que en 2024 deberá postular candidatos a magistrados de la Corte e Apelaciones.

Los invitamos a conocer este análisis en el siguiente enlace: El inminente vencimiento de las cortes de justicia febrero 2023

Los diversos casos penales que actualmente están bajo escrutinio de jueces y magistrados, aquellos relacionados con crímenes cometidos por militares y paramilitares en el ámbito del conflicto armado interno, han provocado una ola parlamentaria a favor de echar el manto de amnistía y extinguir la responsabilidad penal de quienes incurrieron en graves delitos contra la humanidad desde 1960.

En 2021 y 2022, fueron presentadas las iniciativas de ley 5920 y 6099 ante la Dirección Legislativa del Congreso. La iniciativa 5920 fue presentada por la bancada del partido Valor, la cual no avanzó en su trámite en las comisiones de Gobernación y Defensa Nacional, en donde permanece desde 2021.

La iniciativa 6099 fue presentada en 2022 por un grupo de diputados de diferentes bancadas y en noviembre esta fue remitida a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio y dictamen.

En la Asociación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS) hemos analizado el contenido de ambas iniciativas y afirmamos que ambas son abiertamente inconstitucionales. La atribución de conceder amnistía, otorgada al Poder Legislativo por la Constitución Política de la República, no es absoluta en virtud de los principios, normas y prácticas del derecho internacional.

Compartimos con ustedes el documento:

Análisis de las iniciativas de amnistía (FADS 092022)

Entre 2016 y 2017, la Asociación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS) desarrolló, con el apoyo del Programa Participación Cívica de USAID, ejecutado por Counterpart International, varias investigaciones relacionadas con la pretendida subasta de la Banda AWS.

En el 2015, unas semanas antes de renunciar a su cargo en medio de acusaciones de corrupción, la vicepresidenta Roxana Baldetti había intentado apresurar el negocio, pero la Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría General de la Nación cuestionaron la ruta seguida y fue así como esto quedó inconcluso.

Presentamos aquí algunos informes sobre la importancia de esta banda del espectro radioeléctrico del país y los negocios pretendidos, incluyendo cómo Guatel intentó en 2016 hacerse con el control del espectro, debido a lagunas legales existentes y que hasta ahora no han sido resueltas.

Informe 1-Banda AWS 28032017

Informe 2-Banda AWS-21042017

Informe 3-Banda AWS-12052017

Informe 4-Retos en materia de conectividad 26052017

Informe sobre el conflicto SIT-Guatel (mesa técnica 06-2017)

Propuesta de reformas a la Ley general de telecomunicaciones (borrador 281117)

Informe general sobre el espectro radioeléctrico de Guatemala (2018)

Folleto informativo sobre el posible futuro de la AWS (2018)