La novena legislatura (2020-2024) se caracterizó por consolidar la cooptación de las instituciones a cargo de los controles democráticos, promover la impunidad y proteger las redes criminales, en particular aquellas que actúan desde el seno del Estado y se enriquecen con el presupuesto nacional.

La legislatura 2020-2024 fue elemento esencial para la alianza política dominante, junto al presidente de la República y sus colaboradores, grupos empresariales, magistrados de las diferentes cortes de justicia y de Constitucionalidad; la fiscal general y su equipo cercano, algunos jueces, Contralor General, entre otros. Incluso los magistrados del Tribunal Supremo Electoral participaron de esa alianza, hasta que se negaron a ser partícipes de los intentos por anular el resultado de las elecciones presidenciales.

En conjunto, destrozaron la dinámica de justicia independiente que habían impulsado la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público en el lapso 2010-2018, abarcando las gestiones de las fiscales generales Claudia Paz y Thelma Aldana.

Vea el análisis preparado por la Asociación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS) al respecto: Perfil de la extinta legislativa 2020-2024

Este martes 26 de septiembre de 2023, mediante un amicus curiae, la Asociación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro -FADS- y la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala - NIM AJPU-, presentaron a la CC sus consideraciones jurídicas sobre el siguiente asunto:

La inconstitucionalidad de aplicar la Ley Contra el Crimen Organizado para suspender un partido político y, por ende, establecer la falta de competencia del juez penal para ordenar la mencionada suspensión.

Equiparar a una organización política a una estructura criminal contraviene el principio de legalidad y los fines legítimos de la ley que regula el derecho a la participación política y la protección especial que dispensan los artículos 136 y 223 de la Constitución Política de la República.

La aplicación de los artículos 1, 2 y 82 de la Ley contra la Delincuencia Organizada es inconstitucional por contravenir, limitar y restringir las normas contenidas en los artículos 136 y 223 de la Constitución Política de la Republica de Guatemala; y 1, 2, 18, 88, 92, 121 y 251 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Asimismo, este memorial presenta argumentos jurídicos, basados en estándares y obligaciones internacionales sobre derechos políticos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a fin de que estos resulten útiles a la CC en la resolución de la cuestión de competencia.

Lea el escrito en el siguiente enlace: Amicus curiae por inconstitucionalidad al aplicar a partidos políticos las normas contra el crimen organizado

El pasado martes 12 de septiembre, la asociación civil Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS) llevó a cabo un conversatorio con la participación del jurista Oswaldo Samayoa y la jueza Patricia Gámez, ocasión en la cual se analizó la situación de los jueces, los fiscales y otros operadores de justicia; así como el complejo proceso de elección de autoridades del sector justicia.

FADS, por medio de la abogada Erica González presentó algunos hallazgos del estudio que realiza específicamente sobre la carrera judicial y cómo está afectada por las decisiones política que se han tomado en los últimos tiempos.

Vea el vídeo del conversatorio aquí → La justicia independiente en un contexto antidemocrático