La novena legislatura (2020-2024) se caracterizó por consolidar la cooptación de las instituciones a cargo de los controles democráticos, promover la impunidad y proteger las redes criminales, en particular aquellas que actúan desde el seno del Estado y se enriquecen con el presupuesto nacional.
La legislatura 2020-2024 fue elemento esencial para la alianza política dominante, junto al presidente de la República y sus colaboradores, grupos empresariales, magistrados de las diferentes cortes de justicia y de Constitucionalidad; la fiscal general y su equipo cercano, algunos jueces, Contralor General, entre otros. Incluso los magistrados del Tribunal Supremo Electoral participaron de esa alianza, hasta que se negaron a ser partícipes de los intentos por anular el resultado de las elecciones presidenciales.
En conjunto, destrozaron la dinámica de justicia independiente que habían impulsado la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público en el lapso 2010-2018, abarcando las gestiones de las fiscales generales Claudia Paz y Thelma Aldana.
Vea el análisis preparado por la Asociación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS) al respecto: Perfil de la extinta legislativa 2020-2024