Con la emisión del Acuerdo Legislativo 1-2022, por el pleno del Congreso de la República, ha iniciado el proceso de elección de fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público para el período 2022-2026.

El Movimiento Projusticia realizará un monitoreo cercano del proceso de postulación de candidatos a cargo de una comisión integrada por quince dirigentes académicos, gremiales y del Poder Judicial; y observaremos la elección que efectuará el presidente de la República, Alejandro Giammattei, de la nómina de seis candidatos que reciba en el lapso abril-mayo.

Presentamos aquí nuestro primer informe relativo a este proceso en el siguiente enlace: MP-informe enero 2022

El 17 de enero hubo cambio de decano en la Universidad del Istmo (UNIS), el cual fue conocido un día después, cuando los comisionados fueron juramentados en el pleno del Congreso de la República de Guatemala. La doctora Jary Leticia Méndez Maddaleno dejó el cargo y asumió como decano el licenciado Alejandro Arenales Farner.

Aquí les presentamos el listado de comisionados actualizado → Comisión de postulación enero 2022 (actualización)

La coalición Movimiento Projusticia realizó el pasado 03 de noviembre un conversatorio sobre las elecciones de segundo grado previstas para 2022. Estas son:

1. Elección de fiscal general de la República 2022-2026

2. Elección de procurador o procuradora de los derechos humanos 2022-2027

3. Nombramiento del director o directora general del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) 2022-2027

4. Elección de contralor general de cuentas 2022-2026

Participaron en el evento los juristas Ilse Álvarez y José González Sierra, así como la diputada Andrea Villagrán.

Los invitamos a que vean el vídeo del conversatorio y una presentación del contexto preliminar de estos importante eventos en los siguientes enlaces:

Vídeo en https://youtu.be/jFSMk3TcpNY

Presentación sobre elecciones 2022

Compartimos con ustedes el vídeo del conversatorio organizado por el Movimiento Projusticia, con la participación la doctora Claudia Escobar, profesora de la Universidad George Mason en The Terrorism, Transnational Crimen and Corruption Center (TraCCC); la diputada Sonia Gutiérrez Raguay, jefa del bloque WINAQ, y el del jurista Edgar Ortiz, director legal de la Fundación Libertad y Desarrollo.

En el conversatorio, celebrado el miércoles 06 de octubre de 2021, los expertos panelistas analizaron, entre otros temas:

1. El problema político que implica la negativa del Congreso de la República a elegir magistrados de las cortes Suprema de Justicia y de Apelaciones para el período 2019-2024, en un marco de incumplimiento de sus deberes y obligaciones constitucionales

2. Las consecuencias jurídicas de la no renovación de cortes, todo esto ligado a los esfuerzos de la mayoría de los magistrados por restaurar patrones de impunidad que empezaron a tambalear con el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público

3. El predominio del crimen organizado en los procesos de postulación y de elección de magistrados, así como de otros altos funcionarios a cargo de controles democráticos

Vea aquí el vídeo del conversatorio

Vea aquí la presentación

La alianza política que impera sobre poderes del Estado e instituciones supuestamente autónomas, está aplicando una estrategia, en el caso de las cortes Suprema de Justicia y de Apelaciones, que muy bien puede prolongarse hasta 2022 o 2023, o dejar congelada por más tiempo la elección de magistrados. Estamos a unos 43 días de que cumpla el segundo año de mandato prorrogado de los actuales magistrados, sin que haya muestras de voluntad para regularizar la situación de las cortes.

Por un lado, la prórroga del mandato de los actuales magistrados es un fin: se quedan en el cargo por largo tiempo, protegiendo a los aliados de potenciales investigaciones criminales en curso, acudiendo al rechazo de antejuicios, a la resolución favorable de amparos y recursos de apelación, entre otras incidencias. 

Por otro lado, la prórroga del mandato de los magistrados sería un medio. Un medio que ya se usó para controlar el proceso de integración de la CC 2021-2026, y en 2022 podrían intentar el control del proceso de postulación de candidatos a fiscal general de la República, vía la presidencia de la comisión que estaría en manos de la magistrada Silvia Valdés.

Lea estas notas en el Informe de septiembre 2021.