La alianza política que impera sobre poderes del Estado e instituciones supuestamente autónomas, está aplicando una estrategia, en el caso de las cortes Suprema de Justicia y de Apelaciones, que muy bien puede prolongarse hasta 2022 o 2023, o dejar congelada por más tiempo la elección de magistrados. Estamos a unos 43 días de que cumpla el segundo año de mandato prorrogado de los actuales magistrados, sin que haya muestras de voluntad para regularizar la situación de las cortes.

Por un lado, la prórroga del mandato de los actuales magistrados es un fin: se quedan en el cargo por largo tiempo, protegiendo a los aliados de potenciales investigaciones criminales en curso, acudiendo al rechazo de antejuicios, a la resolución favorable de amparos y recursos de apelación, entre otras incidencias. 

Por otro lado, la prórroga del mandato de los magistrados sería un medio. Un medio que ya se usó para controlar el proceso de integración de la CC 2021-2026, y en 2022 podrían intentar el control del proceso de postulación de candidatos a fiscal general de la República, vía la presidencia de la comisión que estaría en manos de la magistrada Silvia Valdés.

Lea estas notas en el Informe de septiembre 2021.

Presentamos un análisis de la asociación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS) sobre la iniciativa 5577, reformas a la Ley de la Carrera Judicial, que la mayoría parlamentaria tiene interés en aprobar, pues ha agendado su discusión y aprobación por artículos y redacción final en sus más recientes sesiones plenarias.

El objetivo principal de esta iniciativa es retornar el poder de decisión y funciones administrativas a la Corte Suprema de Justicia, lo que constituiría un retroceso en los avances que pretendía la nueva ley para armonizar la carrera judicial a estándares internacionales, entre otros asuntos.

FADS hace un llamado a que los diputados consideren la importancia de resguardar la carrera judicial, la estabilidad de los jueces y su independencia; que no lesionen ni anulen los avances logrados al acercar la legislación y las prácticas nacionales a los estándares internacionales en la materia. FADS recomienda al Pleno del Congreso de la República no aprobar estas reformas a la Ley de la Carrera Judicial por ser inconvenientes, no-oportunas y no-pertinentes, y por tener abundantes defectos técnicos.

Descargue el documento Reformas buscan retrocesos en la carrera judicial.

La elección de magistrados de las cortes Suprema de Justicia y de Apelaciones para el período 2019-2024 quedó estancado desde junio de 2020. La mayoría parlamentaria, integrada por al menos quince bloques legalmente establecidos, se negó a realizar la votación siguiendo las instrucciones de la CC, por cuanto implicaba dejar fuera a casi todos los candidatos clave para cooptar las cortes.

Descargue el Reporte de agosto 2021

Compartimos el informe relativo a la designación de magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad 2021-2026, por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con un enfoque particular sobre las prácticas de transparencia y publicidad que fueron afincándose poco a poco en las recientes décadas, versus el secretismo total que imperó desde 1996 hacia atrás. La coalición Movimiento Projusticia insiste en la legalidad y legitimidad del voto público, a la luz del desarrollo y la evolución de las políticas afines a la transparencia y la rendición de cuentas, así como al bloque constitucional de derechos y libertades que forma parte de la Constitución.

Descargue aquí el informe.