Dirigentes de las organizaciones Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS) e Instituto Centroamericano para la Democracia Social (Demos) presentaron ayer un Amicus Curiae ante la Corte de Constitucionalidad, documento que tiene como fin aportar al debate de los magistrados y someter a su consideración algunos argumentos sobre las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales y su cuestionada constitucionalidad.

En el documento, las organizaciones indican que varias cláusulas de las Reformas a la Ley de ONG y el Código Civil, contenidas en el Decreto 4-2020, generan serias preocupaciones porque las restricciones planteadas entran en conflicto con las obligaciones internacionales de Guatemala en materia de derechos humanos, contravienen la Convención Americana sobre Derechos Humanos y potencialmente violan a la libertad de asociación.

Es posible que las restricciones no se hayan legislado adecuadamente y que su texto sea demasiado vago y amplio para ser considerado “previstas por la ley”. El gobierno tiene amplio poder discrecional para invocar el “orden público” para restringir la libertad de asociación sin límites claramente definidos y tipificados para su aplicación.

Además, las reformas tienden a crear presiones para disuadir la formación de ONG o para que las ONG critiquen de forma pacífica las políticas y posturas del gobierno. Esto corre el riesgo de debilitar el pluralismo y otros valores necesarios para una sociedad democrática.

Puede consultar aquí el documento

La presidenta de la Asociación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), Eleonora Muralles Pineda, se ha dirigido al Congreso de la República a formalizar objeciones contra los candidatos a magistrados de la Corte de Apelaciones, para el período 2019-2024: Wilber Estuardo Castellanos Venegas, Jenny Noemy Alvarado Tení y Luis Mauricio Corado Campos.

 Los tres candidatos están señalados, desde junio de 2019, de haber incumplido y violado la Ley de Comisiones de Postulación, así como las normas éticas del Organismo Judicial, al haber participado en el impulso de una planilla única negociada, en la elección de representantes de los magistrados de la Corte de Apelaciones para integrar la comisión de postulación que nominaría candidatos a la CSJ. Junto a otras magistradas que no quedaron nominadas para la reelección (Zonia Santizo y Gilma Valladares), los candidatos Castellanos Venegas, Alvarado Tení y Corado Campos incurrieron en violación a la ley, al 1) avalar y participar en un evento convocado de manera ilegal por un ente no facultado para hacerlo; y 2) promover una planilla única, con lo que se desincentivó la participación y se vedó la representación de minorías.

Ellos no son idóneos para ser nuevamente electos magistrados de la Corte de Apelaciones, pues sus actuaciones han violado la ley. Así lo confirmó la Corte de Constitucionalidad, que ordenó repetir la elección y aplicar el método de representación de minorías, al otorgar amparo al magistrado Noé Ventura, quien impugnó por ilegal la elección y la planilla única promovida por los objetados. Con ese comportamiento, los nominados objetados incurrieron en faltas a la ética, de manera que también violaron el código del Poder Judicial en esta materia, que debe regir sus actuaciones como magistrados de Apelaciones.

Es inconcebible que estos nominados puedan continuar en el cargo, cuando quedó demostrado que, sin inquietud alguna, participaron en una conspiración para violar la letra y el espíritu de la ley; y las normas éticas que rigen su trabajo.

Adicionalmente, dos de ellos están mencionados en el informe del Ministerio Público, por existir registros de interlocución de Castellanos Venegas y Corado Campos con el privado de libertad y sindicado en al menos cinco casos de corrupción y financiamiento electoral ilícito, Gustavo Alejos. Ese contacto entre los magistrados y el privado de libertad, expuesto como operador y financista de estrategias para cooptar las cortes, hace sospechar que negociaron las nominaciones y se pone en duda su idoneidad para ejercer el cargo de manera independiente.

Vea aquí el documento con los tres vetos

INFORME SOBRE MANIPULACIÓN Y AMAÑO EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATOS A MAGISTRADOS

Esta tarde, la Corte de Constitucionalidad emitió, por unanimidad, sentencia definitiva de amparo a favor de la fiscal general de la República y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, en el caso de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones.

La CC emplaza tanto a la fiscal general como al Congreso de la República a cumplir varios pasos que conducirán a la elección de magistrados, postergada desde octubre de 2019. La fiscal Consuelo Porras debe informar al Congreso, en un plazo de diez días, de la implicación de candidatos en el amaño de los procesos de postulación y de toda denuncia o proceso penal que haya en contra de los nominados. El Congreso, por su lado, debe disponer de un plazo de 20 días para estudiar la documentación de los candidatos y el informe del Ministerio Público; y realizar la votación de viva voz, en forma nominal, con total transparencia y publicidad.

Descargue en este vínculo la sentencia completa del amparo