Son diecinueve los diputados que postularán ante el pleno del Congreso de la República a tres candidatos al cargo de procurador de los derechos humanos para el período 2022-2027, cinco años en los cuales la dinámica que ha mantenido la institución desde 2012 cambiará.
Los procuradores Jorge de León Duque y Jordán Rodas Andrade, electos por contundente mayoría en 2012 y 2017, respectivamente, desempeñaron su mandato con independencia del Congreso, un hecho que no fue apreciado por los diputados, quienes ahora quieren garantizar un cambio de rumbo. Desean que el comisionado del Congreso, el procurador, sea un brazo largo de los aliados parlamentarios y no un magistrado de conciencia independiente.
La alianza parlamentaria cuenta con una amplia mayoría en la comisión que postulará a los candidatos, quizá unos quince de diecinueve; de manera que los diputados que no están con ellos en la negociación están en franca desventaja, siendo ellos apenas unos cuatro (Winaq, Semilla, URNG y MLP). Es posible algunos bloques se distancien de la mayoría, pero no necesariamente aumentarían la fuerza opositora.
Una primera medición de fuerzas será lo relacionado con los procedimientos a utilizar en el proceso de postulación de candidatos. Los aliados buscan eludir algunas fases que limitan la arbitrariedad y la discrecionalidad, como el uso de instrumentos de evaluación y la exclusión de aspirantes que no llenen requisitos formales. Sin embargo, esas fases están obligadas por la Ley de Comisiones de Postulación, a cuya aplicación están reacios.
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