La Asociación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS) presentó, este 16 de septiembre de 2020, el informe sobre los principales problemas de la justicia ambiental y cómo el Estado gestiona los crímenes cometidos en esta esfera.

El estudio se hizo con el fin de ampliar la comprensión de por qué se percibe ausencia de justicia ambiental en el país y poner a la vista los principales problemas que se afronta tanto en el sector justicia como en la dimensión administrativa.

A continuación, presentamos un resumen del informe y las diapositivas utilizadas en la presentación pública.

El informe completo será compartido posteriormente.

Resumen ejecutivo monitoreo de casos complejos en medio ambiente 16092020.pdf

Presentación de informe de monitoreo de casos complejos-16092020.pdf

La asociación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS) realizó un informe sobre la evolución de la delincuencia organizada y sus operaciones en las áreas protegidas de Guatemala, las interacciones con redes políticas y económicas de carácter ilícito, y la falta de acciones efectivas de combate al crimen por parte del Estado.

La delincuencia organizada es un poder oculto y se asienta sobre las bases de la violencia, la corrupción y la impunidad. Una plataforma de 3 pilares desde la cual despliega, en el territorio clave de la biodiversidad del país, una compleja estrategia criminal que se alimenta del control territorial y del control social. La fallida respuesta estatal es el factor que permite el constante fortalecimiento de las estructuras criminales.

Este estudio, al igual que el relativo a los principales problemas de la justicia ambiental, serán difundidos a finales de septiembre. En tanto, compartimos algunos acercamientos.

Encuentre aquí más información:

Presentación crimen organizado en áreas protegidas 02092020

Boletín 02092020

La Asociación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), en un reciente estudio efectuado sobre la temática de justicia, detectó patrones y problemas que afectan la gestión de la justicia ambiental en Guatemala; y cuán insuficientes resultan los recursos institucionales vigentes para procurar el esclarecimiento y la sanción de los crímenes contra el medio ambiente, de tal manera que estas conductas delictivas sean efectivamente erradicadas y se garantice protección a la biodiversidad del país.

Este estudio, que monitorea el funcionamiento de la justicia ambiental, la gestión de casos y el desempeño de los órganos especializados, persigue someter a debate al menos once situaciones que obstaculizan la adecuada impartición de justicia en casos de delitos ambientales, a efecto de que las autoridades, así como los actores sociales y políticos involucrados en la temática, tomen acciones orientadas a superar esos problemas y a mejorar sustancialmente la administración de justicia en este ámbito.

Puede consultar un resumen de los hallazgos preliminares en los siguientes enlaces:

FADS-Boletín 26082020.pdf

Presentación primeros hallazgos justicia ambiental26082020

Dirigentes de las organizaciones Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS) e Instituto Centroamericano para la Democracia Social (Demos) presentaron ayer un Amicus Curiae ante la Corte de Constitucionalidad, documento que tiene como fin aportar al debate de los magistrados y someter a su consideración algunos argumentos sobre las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales y su cuestionada constitucionalidad.

En el documento, las organizaciones indican que varias cláusulas de las Reformas a la Ley de ONG y el Código Civil, contenidas en el Decreto 4-2020, generan serias preocupaciones porque las restricciones planteadas entran en conflicto con las obligaciones internacionales de Guatemala en materia de derechos humanos, contravienen la Convención Americana sobre Derechos Humanos y potencialmente violan a la libertad de asociación.

Es posible que las restricciones no se hayan legislado adecuadamente y que su texto sea demasiado vago y amplio para ser considerado “previstas por la ley”. El gobierno tiene amplio poder discrecional para invocar el “orden público” para restringir la libertad de asociación sin límites claramente definidos y tipificados para su aplicación.

Además, las reformas tienden a crear presiones para disuadir la formación de ONG o para que las ONG critiquen de forma pacífica las políticas y posturas del gobierno. Esto corre el riesgo de debilitar el pluralismo y otros valores necesarios para una sociedad democrática.

Puede consultar aquí el documento