La Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas presidida por el diputado Luis Contreras manifestó su preocupación y disposición para la aprobación de la iniciativa No. 4507 Ley del Registro Móvil para la Prevención y el Combate del Delito, una de sus mayores preocupaciones es el incremento de robo de celulares en el país y la ineficiencia de los entes de seguridad para combatir este flagelo.

El Ministerio Público detalla que parte de sus operativos da como resultado la captura de 126 personas por cometer ese delito y se fortalecen con los cateos diarios para desarticular bandas delictivas.

Algunos de los compromisos adquiridos es que: el Ministerio Público realice investigaciones efectivas y que se cumpla la ley, reuniones periódicas con las instituciones involucradas, Adela Camacho de Torrebiarte, Comisionada de la Reforma Policial, añadió que se debe de analizar los acuerdos adquiridos con anterioridad que involucran a las empresas de telefonía.

Tanto la Comisión de Comunicaciones como la de Reformas al Sector Justicia manifestaron su buena voluntad por proceder a dictaminar dicha iniciativa, la cual pretende mermar el robo de celulares en Guatemala.

En una reunión efectuada en el Congreso de la República presidida por la Comisión Legislativa de Reformas al Sector Justicia dirigida por el diputado Luis Pedro Álvarez de Encuentro por Guatemala, se cuestionaron porque las autoridades manejan cifras diferentes en el robo de celulares, pese a que desde el año pasado se firmó un convenio con las empresas de telefonías, las cuales se encargarían de informar sobre el bloqueo de celulares por robo a los entes de justicia encargados.

Por su parte los representantes de las empresas de telefonías en el país se comprometieron de manera pública para la creación de un REGISTRO DE USUARIOS, el cual forma parte de la iniciativa 4507 Ley del Registro Móvil para la Prevención y el Combate del Delito.

Para el Movimiento Pro Justicia (MPJ), es un avance trascendental para frenar el flagelo del robo de celulares, el cual es parte de una cadena para cometer hechos ilícitos que van desde robos, extorsiones y otros delitos.

EL Grupo unido contra el robo de celulares y la extorsión acudió a una reunión con el diputado Luis Pedro Álvarez de la bancada Encuentro por Guatemala y presidente de la Comisión de Reformas al Sector Justicia, el punto medular es en torno a la aprobación de la iniciativa  4507 Ley de registro móvil para la prevención y el combate del delito.

Se  expuso  al parlamentario la preocupación por la falta de consenso para aprobar dicha normativa, acompañada de  los altos índices de criminalidad que abarcan desde robo de celulares hasta extorsiones.

Álvarez manifestó que sostendrá reuniones con los representantes de las compañías  de telefonía  los cuales han manifestado mayor interés y flexibilidad para abordar el tema.

Aunado a ello existe la falta de denuncia de los usuarios que son víctimas de robo de teléfonos celulares lo cual provoca el poco avance en debates orales por falta de pruebas, además que es necesario un mayor control en la venta de chips, flasheo y un registro de usuarios.

Anteriormente se platicó con los miembros de la Comisión de Comunicaciones, transporte y obras públicas sobre la indiferencia de las autoridades e instituciones de Estado ante estas situaciones de criminalidad que causan impacto social y consecuencias nefastas.

Se enfatizó que el Congreso de la República tiene la obligación de dictaminar la iniciativa 4507 para atender los problemas de seguridad y que se resguarde la vida de las personas.

El Foro Guatemala ante la opinión pública, manifiesta su preocupación ante el debilitamiento de las instituciones gubernamentales por la paralización de la agenda legislativa y el poco deseo de la aprobación de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Asimismo, la aprobación de las reformas a la Ley de Comisiones de Postulación, lo cual dara mejores resultados en los procesos de selección de las personas adecuadas y con ello el fortalecimiento de los organismos.Además, es imperante la necesidad de acciones que mermen las actuales condiciones de criminalidad, inseguridad, violencia e impunidad en el país.

Cabe destacar que otros aspectos fundamentales los son lo acertado del cierre de FONAPAZ, pero debe de prevalecer el proceso de transparencia en la liquidación del mismo.