La alianza política que impera sobre poderes del Estado e instituciones supuestamente autónomas, está aplicando una estrategia, en el caso de las cortes Suprema de Justicia y de Apelaciones, que muy bien puede prolongarse hasta 2022 o 2023, o dejar congelada por más tiempo la elección de magistrados. Estamos a unos 43 días de que cumpla el segundo año de mandato prorrogado de los actuales magistrados, sin que haya muestras de voluntad para regularizar la situación de las cortes.
Por un lado, la prórroga del mandato de los actuales magistrados es un fin: se quedan en el cargo por largo tiempo, protegiendo a los aliados de potenciales investigaciones criminales en curso, acudiendo al rechazo de antejuicios, a la resolución favorable de amparos y recursos de apelación, entre otras incidencias.
Por otro lado, la prórroga del mandato de los magistrados sería un medio. Un medio que ya se usó para controlar el proceso de integración de la CC 2021-2026, y en 2022 podrían intentar el control del proceso de postulación de candidatos a fiscal general de la República, vía la presidencia de la comisión que estaría en manos de la magistrada Silvia Valdés.
Lea estas notas en el Informe de septiembre 2021.